Educación en valores en la Familia y EpC

Francisco Ortiz1. Introducción

En el artículo 5 de la Carta de los Derechos de la Familia,promulgada por el papa Juan Pablo II en octubre de 1983, se dice lo siguiente:

“Por el hecho de haber dado la vida a sus hijos, los padres tienen el derecho originario, primario e inalienable de educarlos. Por esta razón ellos deben ser reconocidos como los primeros y principales educadores de sus hijos.”

En el apartado a) de este mismo artículo se afirma:

“Los padres tienen el derecho de educar a sus hijos conforme a sus convicciones morales y religiosas, teniendo presentes las tradiciones culturales de la familia que favorecen el bien y la dignidad del hijo; ellos deben recibir también de la sociedad la ayuda y asistencia necesarias para realizar de modo adecuado su función educadora.”

Por otra parte, nuestra Constitución de 1978, en su artículo 27.3 establece:

“Los poderes públicos garantizan el derecho que asiste a los padres para que sus hijos reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones.”

Parece, por tanto, claro que tanto la más alta instancia de nuestro ordenamiento jurídico como el Magisterio de la Iglesia son coincidentes en este punto: la función de la escuela es ayudar y asistir a los padres en la tarea educativa, que es uno de sus derechos fundamentales.

2. Educación para la Ciudadanía

Establecido el marco en el que nos vamos a desenvolver, pasemos ahora a analizar la asignatura de Educación para la Ciudadanía

Lo primero que tenemos que constatar es que, en la mayoría de los casos, los ciudadanos de a pie tenemos un conocimiento vago y sesgado de esta asignatura, proporcionado por las declaraciones de personalidades, organismos e instituciones o, lo que es peor, por las interpretaciones que los medios de comunicación hacen de estas declaraciones.

Para facilitar la tarea de análisis nos centraremos en dos puntos muy concretos: el preámbulo y el desarrollo curricular.

En el preámbulo, y para justificar la importancia de la asignatura, se afirma, entre otras cosas, lo siguiente:

“La Unión Europea incluye como objetivo de los sistemas educativos velar porque se promueva realmente, entre la comunidad escolar, el aprendizaje de los valores democráticos y de la participación democrática.”

Pero si analizamos la Recomendación sobre Educación para la Ciudadanía Democrática, aprobada en octubre de 2002, leeremos:

“Que la educación para la ciudadanía democrática abarca toda la actividad educativa, formal, no formal o informal, incluida la de la familia, que permite a la persona actuar, a lo largo de toda su vida, como un ciudadano activo y responsable, respetuoso con los derechos de los demás.”

Esta parte es ocultada sistemáticamente por el Real Decreto de Enseñanzas Mínimas de la ESO. Si buscamos en el preámbulo, no encontraremos ni una sola referencia a la familia. En cuestiones de competencia educativa, la familia parece que no existe para la Administración. De hecho, el preámbulo cita textualmente el artículo 27.2 de la Constitución pero omite significativamente el 27.3 antes citado.

Parece que se confirma que, para la Administración, la familia no existe como entidad educativa. Sólo la escuela y su principal gestor: el Estado.

Esta estatalización de la formación moral de las personas supone una clara suplantación de funciones. De hecho, en las Leyes Orgánicas sobre Educación vigentes hasta el momento, LOGSE incluida, la acción educativa contaba, de una forma o de otra, con la iniciativa educativa de la propia familia. Pero esta referencia desaparece del preámbulo de la asignatura.

Si nos centramos en el desarrollo curricular, nos encontraremos con que la propuesta de mínimos se aproxima peligrosamente a lo que podríamos denominar adoctrinamiento en el pensamiento dominante. Vamos a verlo.

De su desarrollo se deduce que la administración educativa considera, tácitamente, que la familia no

tiene nada que decir en relación con la educación afectiva y emocional de sus miembros, y mucho menos con la educación en relación con las relaciones entre los miembros de la familia. Niega, de hecho, el derecho de los padres a la formación integral de sus hijos y propone un modelo de pensamiento oficial en el que define lo que es la familia y afirma que lo importante son las relaciones “no violentas.”

Por otra parte, el desarrollo curricular contiene guiños, más o menos explícitos hacia lo que podemos considerar lo políticamente correcto: reconocimiento de la homosexualidad, valoración del feminismo, etc. Sólo falta que nos hablen también del cambio climático.

Por el contrario, se echa de menos la presencia de contenidos relacionados con la estructura y vertebración de la sociedad civil. Exceptuando la Constitución, el Estado de las Autonomías y la política, no hay ninguna mención a los organismos intermedios entre los poderes públicos y los ciudadanos: ni sindicatos, ni colegios profesionales, ni organizaciones empresariales, ni asociaciones de consumidores, ni de padres, ni de vecinos ni de nada. La España invertebrada, vaya.

Tampoco hay referencias a los problemas ciudadanos con los que nos encontramos cotidianamente: generalización del botellón los fines de semana, tráfico y consumo de drogas a las puertas de los centros escolares, proliferación de graffitis en cualquier superficie (dicen que es cultura popular), comportamientos antisociales con destrucción del mobiliario urbano, etc.

Junto a esto, también es de justicia reconocer que la asignatura propone contenidos, procedimientos de trabajo y actitudes que entran de lleno en una auténtica Educación para la Ciudadanía y que no tienen por qué ser rechazados. Es el caso de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y todo lo que comporta, de los derechos y deberes que nos competen como ciudadanos, del pluralismo social, del uso racional de los bienes, de la solidaridad, de la lucha contra la pobreza, de las desigualdades norte-sur, etc.

En síntesis, pues, hay que decir que los dos principales problemas que suscita la asignatura son la suplantación de funciones de la familia y el riesgo de adoctrinamiento que suponen algunos de sus contenidos.

3. Educación en valores en la familia.

Frente a este panorama, hemos de tomar conciencia clara de nuestra responsabilidad como padres y acometer acciones encaminadas a la formación y educación integral de nuestros hijos que van más allá del hecho —y el derecho que nos asiste— de llevarlos al centro escolar que se ajuste mejor al modelo antropológico, religioso o moral de nuestra familia.

Y este modelo no es otro que el de la antropología cristiana, que se apoya en dos pilares básicos que la distinguen otros modelos de persona que proponen diferentes corrientes de pensamiento filosófico.

Reconocimiento del ser humano como creación de Dios, en su doble condición de hombre y mujer, iguales en dignidad y derechos. Por tanto, exclusión de cualquier concesión a la ideología de género vigente, según la cual la condición biológica nada tiene que ver con la orientación sexual.

Reconocimiento de la familia como una institución natural, querida por Dios y anterior a cualquier forma de Estado, basada en el matrimonio entre un hombre y una mujer. Y constatación de que, en su seno, se dan las condiciones óptimas para el desarrollo armónico e integral de los niños y adolescentes. Esto no implica el rechazo a otras formas de agrupamiento familiar pero sí a la ingerencia del Estado a la hora de organizar su funcionamiento.

A partir de estas afirmaciones, las acciones educativas de la familia deberían orientarse en dos direcciones: la formación de la conciencia moral de los hijos y la educación en las virtudes (que no valores) cristianas.

La tarea es compleja pero, a la vez, apasionante. Se trata, nada menos, que de transformar la familia en una experiencia de comunión, donde sea posible establecer relaciones interpersonales, afectivas y emocionales basadas en el amor y el respeto mutuos. Estos elementos, y no otros, son los que podrán las bases de una efectiva Educación para la Ciudadanía.

La Exhortación Apostólica Familiaris Consortio, promulgada por el Papa Juan Pablo II en 1981 contiene una exclamación que es toda una invitación y un reto para abordar esta tarea.

¡Familia, sé lo que eres!

Francisco Ortiz Ahulló
Arzobispado de Valencia
Comisión Diocesana de Familia y Vida

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