A vueltas con la nueva normalidad en educación

De cara al nuevo curso escolar, marcado como todo por la pandemia, el autor expone el punto de vista de la Federación Católica de Padres de Alumnos

DAVID PENNINGTON

LUIS GAMÓN ROBRES | PRESIDENTE DE FCAPA

(FEDERACIÓN CATÓLICA DE ASOCIACIONES DE PADRES

DE ALUMNOS DE VALENCIA) 

Jueves, 7 mayo 2020, 07:28


En el marco de esta nueva realidad en la que vivimos, uno de los sectores más afectados sin duda es la enseñanza. En el futuro podremos analizar las consecuencias que este confinamiento ha tenido en la formación de nuestros hijos, en sus pautas de conducta, en las relaciones familiares, etc., con detenimiento, pero ahora toca dar respuesta a las novedades que van surgiendo casi a diario arriesgándonos a quedar obsoletos en cuestión de horas.

Desde FCAPA recogemos las inquietudes de miles de familias de alumnos que también se merecen un aplauso diario y que observan con preocupación el futuro más inmediato. Estas son algunas de las cuestiones más apremiantes:

– La vuelta al cole: no ha finalizado todavía este curso -qué largo se nos está haciendo- y la ministra Celaá ya nos está advirtiendo sobre cómo empezaremos el próximo al anunciar que las clases se reducirán a la mitad si no llega la vacuna contra el coronavirus, con un máximo de 15 por aula, debiendo compaginar la docencia presencial con la telemática. Si toda la solución es esperar confinados hasta que llegue la vacuna, volvemos a la Edad Media. Lo primero deberían ser los famosos tests, para docentes, alumnos y familias… todas las veces que haga falta, y medidas de higiene con una buena organización. Los centros y las familias tomarán todas las precauciones de manera responsable, pero debemos intentar volver a las clases presenciales el curso que viene, con todas las cautelas necesarias, todos juntos, no dividiendo una parte presencial y otra telemática que parece muy difícil de gestionar.

– La brecha digital: las ayudas de la Conselleria deberían tener en cuenta la situación de cada familia independientemente del centro al que acudan. Ahora mismo el criterio que maneja Conselleria es por centro docente, no por familia, en función del índice socio económico y cultural (ISEC 1 y 2). Pero así no se llega al alumno que lo necesita, hay que favorecer a quien lo necesita realmente, aunque su centro no tenga el índice ISEC 1 y 2 que exige Conselleria. Es necesario saber cuántos alumnos están desconectados para poder ir cerrando esa brecha.

– El proceso de admisión: para el nuevo curso, a falta de que salga la instrucción, hemos de velar por que la libertad de elección de centro sea respetada con el sistema telemático previsto para el próximo curso. En esta nueva realidad que vivimos, las familias deberían poder acudir a los centros educativos de su elección, con las debidas cautelas y precauciones, para poder informarse y como medio para poder facilitar los trámites de admisión en circunstancias tan complejas en aras de una mayor transparencia.

– La futura Ley de Educación (LOMLOE): el Gobierno sigue con la tramitación apresurada de una nueva ley, que no goza del consenso de la comunidad educativa, que trae negros nubarrones sobre la educación concertada. La lista de aspectos controvertidos es larga: la eliminación de la «demanda social» como criterio para la planificación escolar en contra de la libertad de los padres y la consiguiente planificación centralizada desde la Administración; la subsidiariedad de la escuela concertada respecto de la escuela pública, cuando ambas deben ser complementarias; el portazo a la excelencia en Bachillerato al poder pasar con una materia suspendida; nuevas asignaturas en materias controvertidas como la perspectiva de género y la educación en valores cívicos y para el desarrollo sostenible 2030; la asignatura de religión deviene irrelevante al ser de oferta obligatoria para los centros, voluntaria para los alumnos y no contar para la nota; se incorpora un representante municipal en el consejo escolar de los centros concertados, que hasta ahora no existía y que carece de justificación; o la determinación de la lengua vehicular en materia lingüística, que se deja en manos de las Comunidades Autónomas con lengua cooficial.

Finalmente, sin perjuicio de que existen otros muchos temas que preocupan y que son objeto de nuestro interés, reconocemos el trabajo llevado a cabo por la Conselleria de Educación durante estas semanas para informar de cada paso y decisión adoptada, y agradecemos esa fluidez, pero no podemos cerrar los ojos ante estas nuevas circunstancias, siendo nuestra obligación ser altavoz de tantas familias que están viviendo con inquietud esta nueva realidad.

Artículo de opinión publicado en LAS PROVINCIAS.

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